Integrantes católicos
del ejido Puebla retornan bajo amenazas
-Católicos retornan sin garantías efectivas a su
seguridad e integridad personal
-Este
Centro de Derechos Humanos turna solicitud a la CIDH para la implementación de
Medidas Cautelares
ROBERTO LOPEZ/corresponsal
Es importante mencionar que desde el pasado 7
de abril de 2013, 32 familias creyentes de la religión católica
tomaron el acuerdo de iniciar las obras de remodelación y reconstrucción de la
nueva ermita, ya que la anterior estaba deteriorada, lo que implicaba un riesgo
para la población.
El 12 de abril, comenzaron a
demoler la vieja ermita con la intención de reconstruir la nueva.
El 29 de abril, a las 15:00
hrs. un grupo de aproximadamente 140 personas (encabezadas por el Comisariado
Ejidal, Agustín Cruz Gómez y por otras autoridades de la comunidad), todos
ellos pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional (PRI) e
integrantes de religiones evangélicas, rompieron la puerta de entrada al predio
propiedad de la iglesia católica donde se ubica la ermita y una cocina
comunitaria, invadieron el terreno y, después de medir y colocar una mojonera a
28.3 metros de la entrada, se apoderaron de esa fracción del terreno, así como
del material de construcción que se encuentra en ese espacio. Ese día se
interrumpieron los trabajos de reconstrucción del templo católico, esperando
una respuesta de las autoridades, pero ante la falta de esta los católicos
retomaron la construcción el 1º de julio. El 18 del mismo mes el grupo agresor
entro al terreno a demoler el avance de las obras.
El día 20 de julio, fueron privados
arbitrariamente de la libertad, de manera violenta y con golpes los Sres.
Mariano Méndez Méndez y Luciano Méndez Hernández, BAEZLN integrantes de la
iglesia católica de la comunidad, y Juan López Méndez, de la iglesia bautista.
Al momento de ser aprehendidos, fueron arrastrados durante un recorrido de
aproximadamente quince minutos a la escuela del ejido y, una vez allá,
amarrados de las manos e inmovilizados a un poste en la cancha de básquetbol
por Germán Gutiérrez Arias y las autoridades comunitarias señaladas.
Posteriormente, fueron amenazados con rociarles gasolina y prenderles fuego.
Entre los agresores se encontraban también Nicolás Santiz Arias, Auxiliar de
Agente Municipal y Agustín Méndez López, Auxiliar de Obras; además estaban
presentes Calixto y Benjamín Cruz Gómez hijos del Comisariado Ejidal Agustín
Cruz Gómez. También fue agredida con golpes, por algunas mujeres de la
comunidad, la Sra. Rosa Hernández Méndez, esposa del Sr. Mariano Méndez, al
tratar de defenderlo.
El Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de las casas, junto a
organizaciones de la Red por la Paz1,
acompañarán a una familia y cuatro personas que retornan al ejido Puebla,
municipio de Chenalhó, mismas que permanecieron 30 días en desplazamiento
forzado, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, luego de los hechos de
violencia encabezados por Agustín Cruz Gómez, Comisariado Ejidal; Lorenzo
Gutiérrez Gómez, Agente Rural Municipal; Javier Cruz López, Patronato de Obras;
Lorenzo López Méndez, Comité de Luz; Juan López Arias, Consejo de Vigilancia; y
Diego Hernández López, quienes han actuado en confrontación a la población
católica del mismo ejido.
Alertamos sobre el riesgo latente de que los actos de violencia
persistan y aumenten, debido a la nula actuación de las autoridades del
gobierno de Chiapas encargadas de procurar y administrar justicia. Entre los
agravios que hasta el momento han quedado en impunidad, están las violaciones a
los derechos humanos de tres personas que fueron acusados falsamente de
envenenar el agua de la comunidad; retardo injustificado en la investigación de
los hechos y la ubicación de responsabilidades directas a los perpetradores de
los hechos en contra de la integridad personal de dos Bases de Apoyo del
Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) y del integrante de la
iglesia Bautista, mismos que fueron detenidos arbitrariamente, golpeados y
amenazados de muerte. Mientras estaba en riesgo la integridad de los habitantes
del ejido Puebla que forman parte del Consejo Parroquial de la iglesia
Católica.
La reciente denuncia de la Organización de la Sociedad
Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas), nos convoca a estar atentos a la
actuación de personas, partidos políticos y organizaciones que están
interviniendo en la región, debido a que los actuales perpetradores que
agredieron a la comunidad católica, son los mismos que en 1997 actuaron en los
hechos de violencia generalizada en la zona Altos de Chiapas, en complicidad
con funcionarios de los tres niveles de gobierno y las fuerzas de seguridad
pública en operaciones contrainsurgentes que derivó en la Masacre de Acteal.
Ante lo expuesto, este Centro de Derechos Humanos expresa su
preocupación y manifiesta la urgencia de atender la problemática por lo que
exige lo siguiente:
Primero: Que se tomen las medidas pertinentes, eficaces y adecuadas,
consultando a los integrantes de la iglesia Católica, para salvaguardar su
integridad personal, así como de la comunidad en general.
Segundo: Cese inmediato de las agresiones, hostigamientos y
amenazas de muerte dirigidas a los integrantes de la comunidad católica, por
parte de las autoridades del ejido Puebla, además que se generen condiciones de
paz evitando la polarización y escalamiento del conflicto.
Además informamos que: daremos
acompañamiento al retorno de los integrantes que regresan a su comunidad el día
de mañana, 20 de agosto de 2013, y mantendremos un monitoreo permanente sobre
la situación de los Derechos Humanos en la zona.
Así mismo, hoy estamos turnando una solicitud a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado mexicano
implemente medidas cautelares a favor de la población católica, dados los
hechos registrados en los últimos meses que, por estar en impunidad, podrían
suceder que los agresores perpetren nuevos actos de violencia.
Por último hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional,
a los grupos ecuménicos y a los medios de comunicación a visitar y acompañar a
la población católica del ejido Puebla, además exigir, a las autoridades
correspondientes que se investiguen y castiguen las violaciones a los derechos
humanos cometidas a fin de evitar nuevos hechos de difícil o imposible
reparación.